ASPECTOS
SOCIOPOLÍTICOS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR Y DEL CURRÍCULO ESCOLAR
ACTIVIDAD
1.4.
_______________________________________________________________
1.
La jerarquía de las
distintas leyes en España y en qué radica las diferencias entre ellas.
1.- La Constitución.
Es la Norma suprema del ordenamiento jurídico español y por la que se regula
toda la compleja interrelación entre las diferentes normas.
Una Constitución es una norma
básica, lograda por consenso entre todos los intereses existentes en el país,
un conjunto normativo que todos acuerdan y se comprometen a respetar y en ella
se contiene la filosofía para la construcción del Estado. Es la norma que va
a regular la convivencia pacífica en el país.
2.- Los Tratados
Internacionales, en los que se incluye el Derecho de la Unión
Europea y otros reglamentos internacionales. El
tratado internacional no puede venir a disponer algo en contra de la
Constitución, así, sólo serán válidos si se ajustan a ella.
3.- Las leyes
promulgadas por las Cortes (Parlamento y Senado), que son la fuente
básica del Derecho del Estado y que se dividen en dos:
a.- Leyes orgánicas: Es un determinado
tipo de ley que requiere la aprobación, por mayoría absoluta, del Congreso de
los Diputados. Entre ellas podemos destacar la Ley Orgánica de Protección de
Datos (LOPD), las leyes de educación (LOGSE, LOE, LOMCE...), etc.
- La materia de Ley Orgánica:
En primer lugar nos encontramos con lo que podemos llamar "reserva de ley
orgánica", es decir, determinadas materias deben ser reguladas
precisamente por ley orgánica, y no por una ley ordinaria.
- La forma de Ley Orgánica: Lo que caracteriza
formalmente a la Ley Orgánica es el requisito de aprobación por mayoría
absoluta en el Congreso de los Diputados en una votación final sobre el
conjunto del proyecto
b.- Leyes ordinarias: No necesitan
mayoría absoluta para su aprobación en el Congreso de los Diputados. Por
ejemplo, la Ley de Propiedad Intelectual está dentro de esta categoría.
·
Al
Gobierno: modalidad más utilizada y se
ejercita mediante la presentación de PROYECTOS DE LEY, los cuales deben
aprobarse en Consejo de Ministros y remitirse al Congreso.
·
Al
Congreso y al Senado: ejercida por los grupos
parlamentarios o por los parlamentarios individualmente (15 Diputados o 25
Senadores) y reciben el nombre de PROPOSICIONES DE LEY.
·
Iniciativa
popular: para la presentación de las
PROPOSICIONES DE LEY, se exigen, al menos, quinientas mil firmas acreditadas, y
se prohíbe que la misma pueda afectar a materias propias de ley orgánica,
tributarias o de carácter internacional, o a la prerrogativa de gracia.
4.- Las normas reglamentarias con rango de ley como el Real
Decreto Ley y el Real Decreto Legislativo. Los Reales
Decreto Ley se diferencian de las leyes en que están promulgadas por el
Gobierno y no por el Parlamento. La diferencia entre ellas y las siguientes es
que el Real Decreto Ley se dicta por el Gobierno en caso de extrema y urgente
necesidad. Son
normas que desarrollan los preceptos contenidos en las normas con rango de ley.
Los desarrollan, los aclaran, los articulan de forma que puedan ser llevados a
la práctica. Son normas jurídicas dictadas por órganos sin potestad legislativa,
esto es, son dictadas por órganos dependientes del Poder Ejecutivo. La
Constitución en su artículo otorga al Gobierno la POTESTAD REGLAMENTARIA,
que no es más que la facultad de promulgar normas con rango inferior a ley, y
en desarrollo de los preceptos contenidos en ésta
5.- Los reglamentos
como los Reales
Decretos, las Órdenes de las Comisiones Delegadas del Gobierno, las Órdenes Ministeriales,
etc.
6.- Por último,
tenemos las leyes y los reglamentos de las Comunidades Autónomas.
Aunque estén colocadas en esta posición, la relación entre las normas
autonómicas y las estatales depende de las competencias de cada una en los
diferentes temas.
El
Estatuto de Autonomía es la norma que fija la estructura organizativa básica de
la Comunidad Autónoma correspondiente y que establece las reglas fundamentales
a las que habrán de atenerse los órganos de la misma para desarrollar su
actividad. El Estatuto de Autonomía es una norma condicionada por y subordinada
a la Constitución del Estado. De la misma manera que la Constitución establece
y regula los poderes del Estado, así, el Estatuto de Autonomía establece y
regula los poderes en el territorio de la Comunidad Autónoma. De tal forma que
existe un Poder Legislativo, uno Ejecutivo y uno Judicial
en las Comunidades Autónomas.
2.
La estructura de las leyes en
España.
La
estructura de las leyes de España es una convención. Las diversas divisiones
que contengan, depende de la longitud de dicha ley. Las leyes se dividen en título,
la parte expositiva (preámbulo o exposición de motivos), y por último la
parte dispositiva. Esta parte comprende el texto del articulado, es decir, los
artículos, la parte final, y si los hay, los anexos. En buena técnica normativa
todas las divisiones de la ley deben ir tituladas para favorecer a los
operadores jurídicos el conocimiento de la estructura de la ley.
·
TÍTULO:
En primer
lugar se hace constar la palabra “Ley”, en mayúscula, a continuación el
número ordinal que le corresponda de manera consecutiva, una barra separadora y
a continuación el año correspondiente: por ejemplo la Ley 1/2008, la Ley
2/2008, la Ley 3/2008, y así sucesivamente. A continuación, seguida de una
coma, la fecha de promulgación de la ley. Finalmente, después de otra coma, el
título de la ley, que debe indicar, brevemente, el contenido de la ley.
Respecto a la fecha de las leyes, una parte de la doctrina española y concretamente
catalana aboga, con acierto, que debería constar la fecha en la que el
Parlamento aprueba la ley, dado que la aprobación de la ley es un acto
parlamentario, en lugar de la fecha de la promulgación de la ley.
En España hay tres fechas distintas susceptibles
de ser confundidas. La primera es la de la de la aprobación de la ley
por el Parlamento. La segunda es la de la promulgación de la ley por
parte del Rey, que coincide con la fecha en la que el Rey la sanciona, es
decir, cuando la firma. La tercera fecha es la fecha de publicación de la
ley en el Boletín Oficial del Estado.
·
PARTE EXPOSITIVA
Pone de
manifiesto los objetivos de la ley; es decir, explicita qué pretende regular la
ley y las razones que mueven al legislador a regularlo. El preámbulo no tiene
valor normativo, es decir, no es una norma jurídica. Los preámbulos, o
exposiciones de motivos, se recomienda que no sean excesivamente largos, deben ser breves y limitarse a indicar el
objeto de la ley, pero, y como es absolutamente razonable que así sea, los
diputados y grupos parlamentarios adoptan las decisiones que estiman
convenientes. También debe evitarse que las exposiciones de motivos pretendan
ser una obra doctrinal o un repaso a toda la historia. Si acordamos, pues, en
que los preámbulos deben ser breves, entendemos que no es necesario dividirlos
ni en letras ni en apartados. La decisión final la tiene el Parlamento,
es decir, la mayoría parlamentaria.
·
PARTE DISPOSITIVA
La parte
dispositiva se divide en libros, títulos, capítulos, secciones y artículos. Y
los artículos a su vez pueden subdividirse en apartados y en letras. También se
integran en la parte dispositiva de la ley las disposiciones adicionales,
transitorias, derogatorias y finales, así como los anexos.
Ø
Libros
Los libros
son exclusivamente sólo para leyes muy extensas y tienen cierto carácter
excepcional. Los libros se numeran en números ordinales y se titulan.
Ø
Títulos
Los títulos
se reservan también para leyes muy extensas o para leyes de gran importancia
institucional. Los títulos se numeran con números romanos y deben ir titulados.
Ø
Capítulos
Los capítulos son directamente una subdivisión
de una ley, que es lo habitual o, si la ley estuviese dividida en títulos, una
división de los títulos. Las leyes suelen dividirse directamente en capítulos.
Los capítulos se enumeran con números romanos y cada capítulo va titulado.
Ø
Secciones
Las
secciones son una subdivisión de los capítulos pero esta no es habitual. Las
secciones se enumeran de modo ordinal (sección primera, sección segunda, etc.)
y también deber ir tituladas.
Ø
Artículos
Los
artículos son las unidades básicas de la ley. Cada artículo debe contener el
tratamiento homogéneo de un único concepto o aspecto normativo. Están numerados
consecutivamente tanto si la ley está dividida en títulos, en secciones o en
capítulos. No deben ser excesivamente largos, y aunque ello es indeterminado,
quiere decirse que deben ser lo más breves que sea posible.
o
Apartados: Los
artículos, cuando es preciso, pueden subdividirse en apartados, que van
numerados, con números cardinales, consecutivamente.
o
Letras: Las letras
son subdivisiones de los apartados o directamente de los artículos, cuando se
trata de, por ejemplo, detallar elementos diversos, establecer un procedimiento,
etc.
Ø
La parte
final de la ley
La parte final de una ley está integrada en la
parte dispositiva de la ley, es decir, que tiene el mismo valor normativo que
los artículos.
Ø
Las
disposiciones adicionales
Las disposiciones adicionales contienen los
regímenes jurídicos especiales, ya sean, por ejemplo, territoriales o
económicos… Deben contenerse también los mandatos no referidos a la producción
de normas. Estas son la categoría más abierta del resto de disposiciones de la
parte final de las leyes.
Ø
Las
disposiciones transitorias
Tienen
como objetivo facilitar el tránsito entre la norma antigua y la norma nueva.
Las disposiciones transitorias establecen el régimen jurídico aplicable a
situaciones jurídicas generadas al amparo de la legislación que deroga la nueva
ley y que subsisten a la entrada en vigor de la nueva ley.
Ø
Las
disposiciones derogatorias
Las disposiciones derogatorias son aquellas que
derogan alguna norma jurídica vigente. No son procedentes, desde el punto de
vista de la técnica normativa, aquellas disposiciones derogatorias de carácter
genérico.
Ø
Las
disposiciones finales
Las disposiciones finales son normas que
establecen el mandato de aprobación de otras normas jurídicas, los reglamentos,
para desarrollar la ley. Las disposiciones finales sirven también para
modificar el derecho vigente. Es decir, si hay que modificar un determinado
artículo de otra ley, por ejemplo, dándole una nueva redacción, debe
establecerse en las disposiciones finales.
Ø
Los anexos
Los anexos contienen estadísticas, fórmulas
matemáticas, gráficos, etc. Deben ir titulados y si hay más de uno deben estar
numerados. Se publican a continuación de la ley en el propio Boletín Oficial
correspondiente.
3.
El proceso de elaboración de las
leyes (proceso legislativo).
El proceso legislativo es
el conjunto de trámites que sigue un proyecto o proposición de ley que se
desarrolla en el Congreso de los Diputados y en el Senado.
El procedimiento legislativo ordinario cuenta con tres fases
básicas:
1. FASE INICIAL
Consiste en la presentación de una
iniciativa legislativa que se denominará, si su autor es el Gobierno, “proyecto
de ley” y “proposición de ley”, si su autor es el Congreso, el
Senado, una Comunidad Autónoma o los ciudadanos.
Es frecuente que los proyectos de ley del Gobierno y las
proposiciones de ley se presenten en el Congreso de los Diputados. Una vez
publicadas se abre un plazo de quince días, durante este tiempo se pueden
presentar otras proposiciones de ley alternativas. Cumplido este plazo las
proposiciones de ley se incluyen en el orden del día de una sesión plenaria. En
el Pleno interviene uno de los proponentes para su defensa, seguido de dos
turnos a favor y dos en contra, y un turno de Portavoces de los Grupos
parlamentarios. La toma en consideración se somete a votación y, si es
aprobada, la proposición de ley se remite al Congreso de los Diputados para su
tramitación. Si por el contrario no es aprobada, finaliza la tramitación.
Es la parte destinada a determinar el
contenido de la futura ley, por medio de sucesivas deliberaciones y votaciones,
que tienen lugar en las Cámaras.
En el Congreso pueden
distinguirse las siguientes fases básicas:
I.
Remisión por la Mesa a la Comisión competente, publicación y
apertura del plazo de presentación de enmiendas.
II.
Primera lectura y votación en el Pleno en el caso de que se
hayan presentado enmiendas a la totalidad.
III.
Reunión de la Ponencia y emisión de informe con su propuesta,
que puede incluir variaciones en el texto.
IV.
Debate y votación en la Comisión competente, que termina con la
aprobación de un dictamen que también puede suponer variaciones respecto al
texto inicial.
V.
Presentación de votos particulares para su defensa ante el Pleno
(enmiendas no aceptadas por la Comisión).
VI.
Debate y votación en Pleno, con la consiguiente posibilidad de
nuevas modificaciones.
VII.
Remisión del texto aprobado por el Presidente del Congreso al
Senado.
En el Senado se sigue
un procedimiento parecido:
I.
Se dispone la publicación del texto recibido del Congreso. La
Mesa del Senado decide la Comisión legislativa competente para su tramitación
abriendo un plazo de presentación de enmiendas y propuestas de vetos, de diez
días, prorrogable a quince a petición de veinticinco Senadores.
II.
En caso de presentarse enmiendas o propuestas de vetos, la
Comisión competente puede designar una Ponencia para que elabore el informe,
pudiendo prescindir de este trámite si no lo ve justificado.
III.
Debate en la Comisión competente dentro de los quince días
siguientes.
IV.
Aprobado el Dictamen de la Comisión, se abre un plazo de un día
para que los Senadores puedan presentar, a través de sus votos particulares,
propuestas alternativas al Dictamen de la mayoría.
V.
Debate y votación en Pleno antes de que transcurra el plazo
constitucional. El debate en sesión plenaria comienza con la presentación del
Dictamen de la Comisión por el Senador designado al efecto. A continuación, se
abre un debate sobre la totalidad con un turno a favor y otro en contra,
seguidos de las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios
no superando los diez minutos por parte de cada uno.
3. FASE FINAL
La fase final consiste
en la sanción, promulgación y publicación de la ley sin que el Rey o el Gobierno
Puedan variar su contenido. Finalmente, la ley es publicada en el Boletín Oficial
del Estado.
4.
Políticas públicas y política
educativa. Cómo analizar la política educativa.
Para
poder entender este concepto debemos tener en cuenta el orden económico,
político, social y cultural. Además de
que según el partido que gobierne, se podrá hacer cambios en las leyes
que puso el partido anterior y derogar otras.
En primer lugar
se aprueba una ley, (que en
muchas ocasiones suele desencadenar conflictos educativos sin precedentes como
movilizaciones, reivindicaciones etc.)
En segundo lugar hacen un pacto escolar en el cual se conceden principios de igualdad
y se define el nuevo mandato del sistema educativo. El pacto
constitucional nos da la medida de las carencias fundamentales del sistema
educativo español. Por ello debe haber un equilibrio que se
encuentra entre libertad y derecho a la educación. Los partidos de derechas,
interpretan que la única forma de escolarización es por medio de la libertad de
enseñanza. Y los de izquierdas están de acuerdo en que el principio de
educación debe ser un principio de igualdad.
Todo
ello se refleja con la creación de centros públicos, una educación para adultos
etc.
Al implantarse algunas leyes como LODE,
se regula las estructuras de participación. Todo ello decidido por el
consejo escolar y evaluado por los demás integrantes. Y con la LOGSE
(1990) se facilita la intervención de diversos grupos, en este caso
podemos destacar los feministas, los ecologistas etc.
Las políticas puede que se produzcan “ex ante”:
puede ser universalistas y selectivitas. Y otras veces pueden ser “ex
post” las cuales van dirigidas a grupos desaventajados.
Cada partido utilizará a lo largo de los años unos ciertos instrumentos para
llevar a cabo sus políticas educativas. Mientras que el PSOE siempre ha
fundamentado sus políticas educativas en la igualdad de oportunidades,
como ocurre en la LOGSE, el PP ha utilizado políticas dirigidas a la
calidad y modernización del sistema educativo, como se percibe en la LOCE.
A la hora de
analizar el impacto de estas políticas a los diferentes sectores sociales, nos
fijaremos en la equidad de las políticas educativas. En relación a 1980 y 1990
ha habido un cambio en el nivel de estudios, se aprecia el aumento de oferta
pública, y esto ha hecho aumentar el nivel educativo medio de la población.
Pero esto no garantiza mayor movilidad social. En definitiva, las desigualdades
a nivel educativo se han reducido, a pesar de que siguen existiendo diferencias
notables a lo que se refiere a las diferentes probabilidades de entrada y
finalización de los estudios entre los distintos grupos sociales. Las becas y las
ayudas económicas van dirigidas a igualar los costes de oportunidad en
educación, paliando así estas desigualdades.
(Goma,
1998)
Bibliografía
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Principios de Gestión Administrativa Pública :
file:///C:/Users/Sandra/Downloads/La%20jerarqu%C3%ADa%20de%20las%20normas%20en%20la%20Constituci%C3%B3n%20%20-1%C2%AA-%20(2).pdf
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Vall, F. P.
(2009). LA ESTRUCTURA DE LAS LEYES EN ESPAÑA. REVISTA DEBATE , XII
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redes de actores y niveles de gobierno. Barcelona: Ariel, S.A.
SANDRA ESCOBAR ALARCÓN
2º PRIMARIA- A
